Es la explicación. Pero esta vez, la causa exige algo más.
Se puede discutir quién investiga. Se pueden señalar intereses, tiempos políticos e incluso intencionalidades.
Pero después de todo eso siguen ahí los 116 cheques, las pericias, las facturas, los testimonios, las cámaras y los teléfonos.
Hay 116 cheques investigados, pericias contables, facturas, testimonios, registros de cámaras de seguridad y conversaciones recuperadas de teléfonos móviles.
La Fiscalía no formula una acusación abstracta: sostiene que existió una estructura de siete empresas fantasma y estima provisoriamente un perjuicio al Estado superior a los 900 millones de pesos.
También investiga el borrado de información y la presunta destrucción de documentación.
Un juez escuchó la acusación y las defensas. No condenó a nadie; dictó prisiones preventivas. La presunción de inocencia permanece intacta. Solo una sentencia puede establecer responsabilidades. Eso no cambia.
Lo que cambia es la eficacia del argumento.
“Persecución política” no puede funcionar como una fórmula capaz de hacer desaparecer aquello que está dentro del expediente.
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