En 1987, San Luis escribió una Constitución considerada avanzada. Incorporó nuevos derechos y reconoció una amplia autonomía municipal. También permitió la reelección indefinida del gobernador. Las dos cosas estaban ahí, en el mismo texto, y en ese momento a nadie pareció importarle la contradicción.
Las constituciones envejecen. No porque estén mal escritas: envejecen porque el mundo que intentaban ordenar cambia. En 1987 todavía faltaban siete años para la reforma nacional de 1994. Y faltaba algo más: San Luis todavía no sabía qué pasa cuando alguien se queda demasiado tiempo en el poder.
Pasaron los años. Los nombres permanecieron. Los funcionarios también. Los organismos que debían controlar terminaron conviviendo demasiado tiempo con aquellos a quienes tenían que controlar. Hasta que el Estado empezó a parecerse a quien lo gobierna.
La casa que me dieron. El trabajo que me consiguieron. La obra que me hicieron. La ayuda que me mandaron. Decimos “me dieron” como si gobernar fuera dar, y recibir obligara a agradecer. El ciudadano se acostumbra a sentirse beneficiario. Quien administra el Estado, a sentirse su dueño. Nada de eso estaba escrito en la Constitución de 1987. Pero pasó igual.
Ahora San Luis vuelve sobre ese texto para profundizar los límites a las reelecciones, entre otras cosas. No es que quienes la escribieron se hayan equivocado. Nosotros tenemos una ventaja que ellos no tuvieron: sabemos qué pasó después.
Puede que para eso sirvan las constituciones. No para durar para siempre. Para poder corregir lo que en su momento se dio por suficiente. En 1987 había que recuperar la democracia. Casi cuarenta años después, hay que cuidar que esa misma democracia no termine concentrando el poder que se suponía iba a repartir.
Algunas cosas envejecen con el simple paso del tiempo. Otras envejecen recién cuando terminamos de ver lo que dejaron.
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